El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley en el que pide autorización para contraer deuda por 500 millones de dólares y 20.000 millones de pesos para hacer frente a las consecuencias sociales, sanitarias y económicas que provoca la pandemia del coronavirus.

La iniciativa ingresó por la Cámara de Diputados y busca además que los legisladores avalen los decretos que fueron emitidos por Poder Ejecutivo en el marco de las medidas que debieron adoptarse por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En los fundamentos, el gobernador consignó que «la pandemia agravó situaciones preexistentes y sumó un impacto negativo generalizado», al hacer referencia a la situación de pobreza y la caída en la actividad económica de la provincia de Buenos Aires.

Aludió además a que, como consecuencia de la cuarentena, la provincia espera una caída en su recaudación entre marzo y junio del orden del 23% y a la necesidad de otorgar un aporte extraordinario a los municipios que les posibilite mantener su funcionamiento.

Sumó, además, el refuerzo en la inversión en el sistema sanitario para hacer frente a la pandemia que «implicó gastos adicionales por 6.435 millones de pesos» y una aceleración de la ejecución del presupuesto en esa área que ya ronda el 56% del previsto para todo el año.

En ese esquema, Kicillof solicitó autorización para contraer endeudamiento con organismos multilaterales o bilaterales de crédito por hasta la suma de 500 millones de dólares para «financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o inversión pública» .

También solicita autorización para endeudarse por hasta 20 mil millones de pesos para «regularizar atrasos de Tesorería, mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados».

El proyecto autoriza también «a la Tesorería General de la Provincia a ampliar durante el ejercicio 2020 en hasta $ 8.000 millones o su equivalente en otras monedas, el monto máximo a emitir de Letras del Tesoro».

Además pide autorización para extender por 180 días la emergencia sanitaria; prohibir el corte de servicios públicos por falta de pago y disponer que las prestadoras den facilidades de pago a los usuarios.

Otro de los puntos son las modificaciones al código fiscal de la Provincia para permitir eximir del pago de impuestos a las operaciones de las cooperativas dedicadas al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería.

«Deviene necesario atender las consecuencias económicas y sociales que se manifiestan en este contexto, teniendo presente el agravamiento de la situación que justificara oportunamente la declaración de emergencia social, económica, productiva y energética y de los contratos del sector público», subrayó en los fundamentos.

El proyecto establece también la prohibición de la suspensión o el corte de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en caso de mora o falta de pago, por un período determinado, a grupos vulnerables o de especial tutela.

El oficialismo debe tener el acuerdo de la oposición debido a que por tratarse de un endeudamiento y además no tener despacho de comisión, se requieren los dos tercios de los presentes para su aprobación.